El indicador del IPC interanual muestra una tendencia decreciente desde abril de 2011 en el que marcó una variación del 3,8% respecto al año anterior. La volatilidad en los precios está muy influido por los precios de la energía y de los alimentos frescos. Así, la cotización del barril de petróleo está en gran medida detrás del comportamiento del indicador. Las expectativas de menor demanda mundial de crudo, y una relajación de las tensiones geopolíticas son determinantes en la moderación de los precios del barril. Sin embargo, la inflación estructural de fondo en nuestro país debería haber sido objeto de preocupación, en tanto que supone una disminución de poder adquisitivo para las rentas de los consumidores ya mermadas, y una pérdida de competitividad de la economía muy perjudicial en estos momentos. La indexación de los salarios a la inflación histórica genera efectos de segunda vuelta que alimentan ese incremento de precios de fondo, y las reformas puestas en marcha, además de la que quedan por venir, irán en la dirección de actualizar los salarios no solo en función del IPC, sino de la productividad del factor trabajo.
Lo cierto es que en España hemos tenido un problema de incremento significativo de sus precios de consumo. En primer lugar, porque nunca ha sido un objetivo prioritario en su política económica debido a que el crecimiento vigoroso hacía abstenerse a sus gestores de tomar medidas para frenar los precios y evitar el deterioro de la competitividad general del país. En segundo lugar, la política monetaria cedida al Banco Central Europeo también ha perjudicado la inflación, en tanto que la dirección del banco central es claramente una copia del mandato y de los objetivos del Bundensbank. Así pues, la expansión económica estuvo escorada hacia sectores poco productivos y eficientes, como el constructor o el inmobiliario, que han generado un exceso de bienes no exportables cuyos precios crecieron excesivamente, de manera que destruyeron parte de la demanda de viviendas por parte de extranjeros, que han visto en otros países condiciones semejantes a un coste significativamente inferior.
La economía nacional tiene que recuperar su capacidad exportadora, algo que ha hecho en parte a lo largo de la crisis, pero no tanto por tener un tejido industrial potente orientado a la exportación, si no porque la demanda nacional estaba, y parece que estará, tan decaída que ha empujado a muchas empresas a fijarse en el exterior como medio para mantener su actividad. El aumento de la productividad como fórmula de elevar la competitividad no es algo que dependa en última instancia del factor trabajo, ya que si a éste no se le proveen de herramientas, tecnologías y formación para conseguirlo, la tarea es imposible. De ahí que las medidas y reformas que se están impulsando debe ir en esa dirección. Lógicamente para implantar nuevas tecnologías y su correspondiente know how hace falta inversión y tiempo, algo de lo que no disponemos en estos tiempos tan convulsos. Las empresas en general no disponen de recursos para la investigación y desarrollo de nuevos productos, y la financiación para este tipo de proyectos está complicada, a lo que hay que añadir los fondos públicos para esta materia en descenso en los PGC. Ante este panorama, la única dinámica a corto plazo que parece que ha tomado cuerpo es la de presionar sobre las rentas salariales para conseguir que la economía sea más productiva no fabricando más con los mismos recursos, sino reduciendo el coste de los recursos, y en concreto de aquellos que pueden ser ajustados por decreto, vía flexibilidad laboral, reducción de los costes de despido y amplificando la capacidad por parte de las empresas de establecer salarios e incluso de reducirlos.
En conclusión, aumentar la competitividad de un país, de manera que se consiga una capacidad exportadora suficiente para minorar los efectos del descenso del consumo interno privado y público en épocas de recesión, es algo que se tendría que haber hecho durante la década pasada, pero los incentivos entonces estaban mal orientados, y por tanto deberá hacerse ahora, solo que en la mitad de tiempo y con pocos recursos. Ser competitivos no es sólo cuestión de su índice de precios, que también, sino de muchos otros elementos que influyen igual o más que la inflación, pero esta última termina deteriorando la capacidad adquisitiva del consumo, y más en situaciones como la actual en la que los ingresos permanecen estables o incluso se reducen. Cuando los precios suben constantemente al margen de la variación del resto de costes de producción no salariales, es o porque las empresas no tienen incentivos para competir y por tanto dejan de buscar la eficiencia, o porque los salarios están ajustándose permanentemente al IPC creando una espiral que termina deteriorando la capacidad competitiva de la economía. Ahora les ha tocado el turno a los trabajadores, pero tienen que empezar a tomarse otras medidas que orienten a los agentes económicos hacia una eficiencia que no sólo se consigue reduciendo costes laborales, algo que por cierto mina el consumo y termina probablemente empobreciendo al país en general.