Actualmente las políticas de demanda de las que dispone la economía española están restringidas. Por un lado, las políticas monetarias están en manos del Banco Central Europeo, y para actuar de forma contundente en el descenso de los tipos de interés al que se está financiando la deuda pública, y por tanto la economía en general, exige la solicitud de nuestro país de ayuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y por consiguiente el cumplimiento de unas condiciones sobre déficit fiscal. Por otro lado, las obligaciones ya adquiridas con la Unión Europea sobre los objetivos de consolidación fiscal para los próximos tres años, la imposibilidad de devaluar la moneda, y el necesario ajuste financiero de las familias y empresas, hacen prácticamente imposible poner en marcha medidas anticíclicas que alivien la destrucción de empleo e impulsen la recuperación del consumo y la inversión.
Por su parte, las políticas de oferta y la reformas estructurales puestas en marcha han provocado un deterioro aun mayor de la actividad económica y por tanto ha generado un problema social en el país. Los resultados de estas medidas son en el medio y largo plazo, por lo que tampoco se dispone de elementos que puedan indicar una mejora de la situación en el futuro próximo. Es evidente que las alternativas al ciclo perverso de destrucción de empleo, destrucción de tejido productivo y más desempleo están restringidas, y las posibilidades se circunscriben a la consolidación fiscal y el desapalancamiento financiero, cuyo fruto comenzaremos a recoger seguramente a partir de 2016.
La incertidumbre sobre la posibilidad de que algún país de la zona euro terminara saliendo de ella, y los riesgos sobre la capacidad de la Unión Europea para poner orden en los presupuestos nacionales y en los sistemas bancarios de cada país, han ido difuminándose, por lo que ya casi nadie avala un posible desmembramiento del euro, y la vuelta a las monedas nacionales. Esto ha provocado un descenso de las primas de riesgo soberano de la periferia europea, aunque todavía no se han alcanzado los niveles óptimos, y por ello el Banco Central Europeo está intentando conseguir que la política monetaria de tipos mínimos llegue a todos los mercados financieros de la Unión, que hoy por hoy están fragmentados.
El informe "Situación España. Cuarto trimestre 2012" del servicio de Estudios del BBVA, expone que los datos de tercer trimestre han sido mejor de lo esperado en cuanto actividad económica, aunque también dice que los elementos que han podido influenciar solo tendrán un carácter temporal, por lo que sus efectos se verán diluidos en los próximos meses. También advierte de una consolidación fiscal menos rigurosa de la esperada, y del riesgo de implantación de alguna de las medidas ya propuestas que tienen como objetivo la reducción del déficit. El miedo de los inversores hacia la deuda pública española estaba basada en las dudas sobre la capacidad de las administraciones públicas para conseguir reducir el saldo presupuestario lo suficiente para no poner en riesgo la sostenibilidad de sus finanzas. El propio servicio de estudios calcula que si no se hubiesen puesto en marcha las medidas acordadas, el déficit público para 2012 hubiera sido del 11,5% , muy lejos del 7% que estiman que cerrará este año.
La credibilidad es esencial para recuperar el favor de los inversores, y por ello, cumplir con los objetivos fiscales previstos, ayudado por la determinación de la Unión Europea de crear un organismo supervisor de los presupuestos públicos nacionales con capacidad de veto, y las reformas constitucionales para poner límites al déficit y endeudamiento de las administraciones públicas de un país, hacen que se asienten las dudas, y de ahí la rebaja de la prima de riesgo y la apertura tímida de los mercados financieros para emisores de los países periféricos. Igualmente, la creación de un organismo de supervisión bancaria, además de un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo, junto con la homogeneización de la legislación bancaria, también influirá de manera decisiva en la mejora de las perspectiva de los inversores, y por tanto en la vuelta hacia los mercados financieros periféricos, ahora muy diezmados.
Tal como ya expuso el FMI en sus Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de este año, los riesgos existentes hacen muy complicado hacer proyecciones a medio plazo, y la volatilidad de dichos pronósticos son debidos a la posibilidad de que dichos riesgos se materialicen. Básicamente son tres: en primer lugar, que vuelvan a surgir dudas sobre la voluntad irrenunciable con respecto al mantenimiento de euro por parte de la UEM, además de un agravamiento de las tensiones financieras en la deuda soberana de los países periféricos. Del otro lado del Atlántico, tenemos pendiente de solucionar lo que se ha denominado el "precipicio fiscal" (fiscal cliff), que supone un descenso automático del gasto y un incremento de ingresos financieros a partir de 2013, si el Congreso no llega a un acuerdo para ampliar el plazo. Por último, los países emergentes que parecían estar al margen de los problemas de las economías avanzadas, están empezando a contagiarse vía exportaciones.
La coordinación internacional es importante en estos momentos. No sería conveniente que los ajustes fiscales de las principales economías del planeta se produzcan de forma conjunta, toda vez que ello conllevaría un mayor deterioro del crecimiento mundial, e incluso una mayor recesión para economías como la española. Por ello, parece imponerse la idea de que Estados Unidos continuarán las políticas monetarias expansivas y una política fiscal moderadamente expansiva mientras el mercado laboral no se recupere. Por su parte, Europa seguirá la senda de consolidación fiscal, ayudado por un Banco Central Europeo que mantendrá los tipos bajos, y actuando de forma contundente para mejorar los mecanismos de transmisión de su política monetaria. El BCE seguirá proporcionando liquidez al sistema bancario para mantener la estabilidad financiera de la que es garante, y por otro lado, intervendrá en los mercados secundario con la compra de cantidades ilimitadas de deuda de aquellos países que soliciten previamente ayuda a través del FEEF y del MEDE, lo que lleva aparejado una estricta y efectiva condicionalidad, además de las esterilización de dichas medidas drenando liquidez del sistema.
