martes, 23 de marzo de 2010

Endeudamiento neto de las Corporaciones Locales españolas

Actualmente estamos asistiendo a una explosión de noticias sobre los problemas financieros de nuestros ayuntamientos, y sobre su capacidad para hacer frente a los pagos corrientes. Todo parece indicar que la espiral deuda-gasto no ha sido un exceso sólo del sector privado, sino que las administraciones han contaminado sus decisiones financieras de unas expectativas de ingresos que se han visto seriamente mermados una vez que la burbuja inmobiliaria se ha desinflado.
Los problemas de financiación de las Corporaciones Locales en nuestro país no es un problema ocasionado por el fin del boom de la construcción. Los ayuntamientos se han valido de los ingresos que generaba la actividad constructora en sus territorios para intentar generar ingresos con los que sufragar unos gastos corrientes asociados a  nuevos servicios que demandaban sus ciudadanos. El error ha sido utilizar ingresos que no son recurrentes para incrementar los gastos operativos de las corporaciones, cuando esos ingresos debieran haberse destinado a incrementar las inversiones en sus respectivas ciudades, mejorando las infraestructuras y edificios, ante la pérdida tarde o temprano de esos ingresos extraordinarios. 
Además del déficit de financiación para hacer frente a los servicios que prestan, las corporaciones han entrado en una dinámica de aumento de la deuda con entidades financieras durante los últimos años. En el gráfico adjunto podemos observar el aumento neto del endeudamiento de las Corporaciones Locales a nivel nacional, pasando de un aumento neto  anual de 745 millones de euros en 2003, hasta los 1.747 millones de euros en el 2008. El total de crecimiento neto del endeudamiento de las entidades locales ha sido de casi 10.000 millones de euros en seis años. 
La situación en algunos ayuntamientos es crítica, y las posibilidades para hacer frente a la escasez de financiación son escasas, por lo que probablemente haya que poner  en marcha medidas excepcionales para intentar normalizar la situación en dichas instituciones. Tienen pendiente las nóminas del personal laboral, las facturas de proveedores y acreedores, los cuales se encuentran en riesgo de insolvencia por la demora que están sufriendo en el cobro de sus facturas, además se encuentran en algunos casos con la imposibilidad de hacer frente a servicios básicos que tienen encomendados por ley. En conclusión, la toma de decisiones en algunas corporaciones durante este tiempo ha puesto de manifiesto la falta de visibilidad de sus gestores. Probablemente haga falta una regulación más estricta para evitar que los equipos de gobierno provoquen los graves perjuicios que están ocasionando y de los que normalmente no responden patrimonialmente, de manera que se acote de alguna manera la arbitrariedad en sus decisiones hoy por hoy bastante discutibles.